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Desde 11 países se intentó introducir drogas a Cuba en 2023

Sobre el enfrentamiento en el país al narcotráfico internacional y al tráfico interno de drogas, así como la labor preventiva a nivel social y especialmente con los jóvenes, se dialogó en la Mesa Redonda de este martes, con la participación de autoridades del Ministerio del Interior (MININT), el Tribunal Supremo Popular, el Ministerio de Educación y la Unión de Jóvenes Comunistas.

El coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe de la Dirección Antidrogas del DTI del MININT, explicó que entre los días 3 y 6 de octubre se desarrolló en Quito, Ecuador, la XXXI Reunión de Jefes de organismos encargados de combatir el tráfico de droga en el área de América Latina y el Caribe, como parte de los esfuerzos que se realizan para enfrentar aunadamente este flagelo.

Apuntó además que las drogas que se producen en América del Sur tienen como destino a Europa, “con un papel preponderante”, desplazando a Estados Unidos, que está sumergido en la crisis de los opioides con el Fentanilo y las drogas sintéticas.

“También apreciamos un incremento en la disponibilidad de drogas sintéticas y la aparición de nuevas sustancias precursoras que se utilizan en sus procesos productivos. De ahí la necesidad de establecer un mayor control sobre los precursores y otras sustancias químicas, como elemento vital para obstaculizar el desarrollo de nuevas drogas sintéticas naturales, pues sin químico no hay drogas”.

Dijo, además, que se hace necesario desarrollar alianzas con los centros e instituciones científicas para habilitar laboratorios forenses especializados, que contribuyan a detectar nuevas sustancias.

“Todos los países coincidieron en la necesidad de desarrollar investigaciones cooperadas al trascender las actuaciones de estas organizaciones, las fronteras de los países, a partir del seguimiento a la ruta y lavado de dinero asociadas a las empresas del narcotráfico, el uso de la criptomoneda y el uso de la web oscura”.

Es por ello, apuntó el coronel, el análisis de esta situación internacional validó los pronósticos para Cuba, enfrentándose un nuevo escenario más adverso que los anteriores, lo que ha demandado una respuesta permanente de las fuerzas especializadas del MININT, “en un contexto económico y migratorio complejo, que requirió mayor profesionalidad al actuar”.

¿Cuál es la situación en Cuba?

Al comentar sobre los principales rasgos que caracterizaron este fenómeno en 2023, el Jefe de la Dirección Antidrogas del DTI del MININT comentó que se mantuvieron los hechos de recalo y afectaciones por escamoteos como resultado de la activa operatoria y empleo de rutas marítimas de tráfico cercanas a nuestro territorio, así como la utilización de lanchas rápidas en doble operaciones de tráfico de personas e introducción de drogas por la zona occidental del país.

“Comprobados los planes de cubanos radicados en el exterior de introducir enervante en el territorio nacional a través de la vía área, con el empleo de pasajeros, cargas y envíos postales; combinando modos de operar y enmascaramiento tradicionales con otros novedosos así como la triangulación de las operaciones”.

Informó que desde once países se intentó introducir drogas al territorio nacional por tres aeropuertos internacionales. “Destaca Surinam, desde donde se remite cocaína en diversos modos de enmascaramiento y Estados Unidos a partir de cannabinoides sintéticos en estado líquido, picaduras, pliegues de papel, dentro de aseos, alimentos y efectos electrodomésticos diversos”.

Añadió que persiste la tendencia de introducir cigarros electrónicos, algunos con droga, así como confituras y caramelos engomados que contienen marihuana, provocando puntualmente intoxicaciones.

“Existen afectaciones por cultivos de marihuana, principalmente en Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Guantánamo y Las Tunas; actividad extendida a Villa Clara, Matanzas, Mayabeque, Artemisa, Artemisa, Pinar del Río y La Habana”.

“Todos los escenarios y territorios tuvieron afectaciones con mayor expresión y complejidad en La Habana, principal mercado para la articulación de estas actividades a partir de la diversidad, disponibilidad, altos precios, mayor base de apoyo, traficantes, expendedores y consumidores”.

“En el territorio nacional la droga ilícita que más se consume en la marihuana. Desde el 2011 y con una tendencia al incremento en su tráfico y consumo, se aprecia los cannabinoides sintéticos, dado sus potentes y rápidos efectos, capacidades para mezclar e incrementar con pocas dosis el expedido de estas sustancias y sus ganancias; así como  las facilidades para su tráfico y consumo”.

Se han identificado, dijo, 40 formulaciones que en pequeñas cantidades generan gran adicción y contaminación social, fundamentalmente en los jóvenes (1 gramo equivale a cien cigarros).

Tolerancia cero

En otro momento del programa, el coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe de la Dirección Antidrogas del DTI, comentó los resultados en el enfrentamiento a los delitos relacionados con estos fenómenos.

Destacó que fueron enfrentados 245 hechos de recalos durante 2023, con la ocupación de 1 756.31 kilogramos de drogas y predominio de la marihuana (1 052.9 kilogramos).

A partir de la aplicación del Plan Barrera, dijo, se cerraron 19 casos por escamoteo, con 33 detenidos y 32.80 kilogramos de droga asegurada.

“Estas afectaciones se mantienen con el mayor volumen de droga asegurada y como el principal peligro potencial de suministro al mercado interno”.

Detalló el coronel que, en ese escenario, fueron enfrentadas tres operaciones (dos de ellas combinadas al tráfico de personas), que impactaron en el litoral sur de Pinar del Río y Artemisa, con origen en México.

Se aseguraron 37.499 kilogramos de cocaína, enervante que sería comercializado en el territorio nacional. Se detuvieron diez personas –cubanos y mexicanos-, entre los que se encuentran dos lancheros, y se ocuparon las embarcaciones”, aseguró.

Asimismo, Poey Guerra ilustró que en cooperación con el Séptimo Distritito del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, fuerzas de las Tropas Guardafronteras de Cuba dieron persecución a una lancha rápida en plena actividad de narcotráfico, lo que permitió recuperar 340.7 kilogramos de marihuana arrojada al mar, al norte de la provincia de Holguín.

Igualmente, por la vía aérea se obstaculizaron 49 operaciones de narcotráfico dirigidas a Cuba, “la cifra más alta en los últimos cinco años”, y con ello se aseguraron 44.96 kilogramos de drogas y 125 sellos de brolanfetamina, con 91 personas detenidas (78 cubanos y 13 extranjeros).

De conjunto con la Aduana General de la República, se organizó la Operación “Frontera Segura”, dirigida a elevar la capacidad de enfrentamiento a las drogas provenientes de EE.UU., Surinam, México y Ecuador, a partir de la intencionalidad de cubanos radicados en esos países con el empleo de pasajeros, cargas, envíos postales y mercancías por contenedores.

El coronel informó que fueron detectados 77 hechos de cultivo fundamentalmente en la zona oriental del país, en los que se aseguraron 17 685 plantas y 21 455 semillas.

Asimismo, fueron obstaculizadas 94 operaciones de tráfico interprovincial y detenidas 218 personas, lo que evitó que 52.25 kilogramos de drogas llegaran a su destino.

Afirmó Poey Guerra que en La Habana el Plan de reforzamiento contra los delitos permitió incrementar la actuación en lugares identificados por el expendio, consumo de drogas y estados de opinión de la población, ejecutando acciones de enfrentamiento contra la delincuencia.

Ejemplificó que del 26 de octubre al 18 de noviembre se imputaron en la capital 193 personas asociadas a 150 hechos de tráfico y tenencia de drogas y fueron asegurados 12.246 kilogramos de drogas.

Comentó también que especial atención se le ha brindado a los hechos de tráfico y consumo de drogas que implicaron a jóvenes y menores de edad, en los diferentes niveles de enseñanza. “Se priorizó la determinación y procesamiento penal de las fuentes de suministros en el 46% de los hechos, con la imputación de 56 personas”.

En general, dijo el coronel, en el año se aseguraron 2 290.6 kilogramos de drogas, de ellos 193.59 kilogramos como resultado del enfrentamiento operativo.

También se ocuparon 17 685 plantas y 21 455 semillas, 176 682 tabletas de diversos medicamentos, así como varias armas de fuego, autos, bienes y efectivo utilizados por los traficantes en el desarrollo de estas actividades.

Poey Guerra subrayó que “los resultados de 2023 confirman la voluntad política del Gobierno de Cuba de tolerancia cero a las drogas y la necesidad de continuar perfeccionando las acciones de prevención y enfrentamiento en sistema, para minimizar el impacto del tráfico y consumo de drogas en el país”.

El peso de la ley

Ileana Julia Gómez Guerra, presidenta de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, se refirió a cómo se prevé desde el Código Penal el enfrentamiento a este tipo de delitos que atentan contra la salud pública.

Explicó que “lo que se sanciona en el Código Penal es la tenencia y el tráfico de drogas, no a los consumidores”, y que las sanciones discurren entre los cuatro y 30 años de privación de libertad, la privación perpetua de libertad y la pena de muerte.

“En la modalidad delictiva de cuatro a diez años van a estar previstas aquellas personas que producen, elaboran, adquieren, trafican, trasladan, tengan en su poder con el propósito de traficar con ellas, procuren a otras personas este tipo de sustancias, y las que introduzcan o extraigan del territorio nacional estas drogas ilícitas o sustancias con efectos similares”.

Asimismo, dijo Gómez Guerra que “estas sanciones están previstas para quienes administren locales, viviendas, adonde acudan las personas para ingerir estas sustancias psicotrópicas; las que tengan en su poder y entreguen a otras personas recursos para el cultivo, producción y fabricación de drogas; los que cultiven la marihuana o tengan en su poder las semillas de estas plantas; las personas que oculten los hallazgos de drogas o que practiquen el escamoteo con el propósito de traficar y las que participen en la organización de operaciones de tráfico”.

La jurista aclaró que “la sanción de cuatro a diez años de privación de libertad procede siempre y cuando la cantidad de droga no rebase la libra”.

Argumentó que si la cantidad de droga incautada es mayor, la sanción de estas personas se eleva de diez a 30 años, prisión perpetua de libertad o la pena de muerte. “Esta es la práctica judicial en Cuba”.

Los tribunales también pueden imponer estas sanciones cuando en el hecho delictivo se involucren a menores de edad, acotó Gómez Guerra.

“Las sanciones de diez a 30 años, prisión perpetua de libertad o la pena de muerte también se le pueden imponer a funcionarios o empleados públicos, a las autoridades o agentes auxiliares que comentan ellos mismos estos delitos o que faciliten su comisión”, agregó.

Así también es aplicable a “las personas que penetren en territorio nacional utilizando naves o cualquier otro medio de transporte en operaciones de tráfico internacional de drogas o si participa en la paquetería –las llamadas ‘mulas’-, las personas que vienen con la droga ingestada, si se utiliza a una persona menor de 18 años en este tipo de actividad o si el delito se comete en instituciones educativas, deportivas o recreativas para menores, en establecimiento penitenciarios o en centros asistenciales y los hechos vinculados a la delincuencia internacional organizada”.

Los responsables que son juzgados y tenían antecedentes penales por similares delitos en tribunales nacionales o extranjeros también pueden ser sancionados con penas de diez a 30 años, prisión perpetua de libertad o la pena de muerte.

Recalcó que constituye delito la tenencia de drogas o sustancias con efectos similares, con sanciones de hasta tres años de privación de libertad, según la sustancia que se le incaute.

La jurista explicó que en Cuba la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular es el ente que se encarga de todos los procesos y casos vinculados a las drogas, a partir de su impacto social y la política de tolerancia cero a las drogas.

El Código Penal prevé sanciones en función de la lesividad de estos actos y los tribunales actúan con rigor frente a estos delitos que afectan la salud humana y a la sociedad en general, dijo.

Informó que durante los últimos tres años el 95% de las personas presentadas en tribunales por estos delitos fueron estimados responsables y al 88% de ellas se les impuso sanciones de privación de libertad superiores a los 15 años.

En 2023 han sido sancionados un total de 689 personas y al 92% de estos sancionados se les ha impuesto penas privativas de libertad.

“En un número menor de casos, se les impusieron sanciones alternativas que se cumplen en libertad a acusados jóvenes, sin antecedentes penales, que durante el proceso mostraron arrepentimiento o colaboraron con la investigación”, dijo Gómez Guerra.

Subrayó la jurista que en Cuba “esta política de sanciones, de tolerancia cero y de rigor se realiza siempre sobre la base del debido proceso (…) Se respeta, asimismo, la individualización, la proporcionalidad, la racionalidad que debe primar en las decisiones que adoptemos”.

Las sanciones que se cumplen en libertad están sujetas al sistema de control o juez de ejecución y se involucran otros actores, órganos y organismos implicados en la tarea, explicó.

Trabajo educativo-preventivo, clave en la lucha contra el flagelo de las drogas

Al intervenir en el espacio televisivo, el Doctor en Ciencias Eugenio R. González Pérez, viceministro de Educación, dijo que los educadores cubanos tienen el encargo estatal de formar a los cubanos en el siglo XXI, y ello plantea una contradicción dialéctica.

“Si esperamos promover jóvenes fidelistas, martianos, altruistas, decentes, cultos y preparados, en este contexto nos vemos obligados a reconsiderar lo que hemos logrado hasta ahora”, dijo al referirse al rol de las instituciones educativas en la lucha contra este flagelo.

Desde 2002, el Comandante José Ramón Machado Ventura ha estado liderando un equipo de trabajo en el ámbito educativo, del cual formamos parte, refirió el viceministro.

“Comenzamos esa época con un plan de acción y actualmente estamos implementando un programa educativo. Sin embargo, a partir de esa base, tenemos la responsabilidad de flexibilizar, ajustar y contextualizar las normas que hemos establecido”, sostuvo.

Dijo que en 2019, se implementó la Resolución Ministerial 111, que es el procedimiento para realizar el trabajo educativo preventivo. Esta resolución, con un carácter flexible, permite a cada institución educativa adaptar su aplicación. Pero, sobre la base de esta resolución, se otorga autonomía a las escuelas, las direcciones municipales y provinciales para, basándose en una lógica preventiva, no solo abordar situaciones conflictivas y de rehabilitación, sino también anticiparse a cada fenómeno. Es por eso que hemos puesto un énfasis especial en los últimos tiempos en el diagnóstico y la caracterización de nuestros estudiantes, no solo en el ámbito escolar, sino también en su entorno, explicó González Pérez.

“Hemos enfatizado esto debido a que, como se ha explicado, la mayoría de los incidentes en los que se ven involucrados adolescentes y jóvenes ocurren en la esfera pública, fuera de la escuela. Aunque también hemos tenido incidentes dentro o en los alrededores de las escuelas, así como en las áreas deportivas, estos son mínimos. Sin embargo, cualquier incidente nos preocupa y nos ocupa”, afirmó.

“Por lo tanto, cuando un joven está involucrado en estos incidentes, esto tiene un impacto directo en la comunidad y en el ámbito familiar. La escuela no puede enfrentar esto sola, debe impulsar el trabajo integrado con diversos actores, como los médicos y los grupos básicos de trabajo, quienes han desempeñado un papel fundamental en el apoyo a nuestros maestros, junto con otros actores”, añadió.

En esta lógica, apuntó el viceministro,  se han implementado estrategias educativas diferenciadas, centradas en la persona, que no solo promueven actividades dirigidas al conocimiento y al desarrollo cognitivo, sino que también enfatizan otros aprendizajes relacionados con lo socioemocional, los comportamientos y lo afectivo.

“Además, hemos puesto un énfasis especial en el papel de la familia en la formación integral del estudiante, junto con el trabajo integrado y la preparación del maestro”, dijo.

De acuerdo con el viceministro se ha realizado un análisis muy detallado en cuanto a la metodología, que es la clase, “la herramienta esencial que los educadores tenemos para concebir un trabajo diferenciado. Para nosotros, esto garantiza que un estudiante de matemáticas pueda abordar con naturalidad y fuera de lo común un teorema de geometría plana, trabajando no solo el programa educativo, sino también buscando todas las herramientas para fomentar los sentimientos y la cultura de rechazo. Esta cultura no se adquiere mediante normativas o imposiciones, sino ajustándonos a los códigos comunicativos de los estudiantes y trabajando de manera integrada con las familias”, dijo.

Es por eso que hemos puesto énfasis en esta lógica y en la acción del maestro, como el profesor de matemáticas, química, física o biología. No es solo responsabilidad del biólogo, físico o químico, sino de todos los trabajadores de la institución educativa y de las estructuras de dirección, señaló.

El viceministro informó que la Resolución Ministerial 15 estableció el programa educativo para fomentar la cultura de rechazo a las drogas entre nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Esta resolución se fundamenta en el plan de acción creado en 2002. El objetivo principal de este programa educativo es promover actitudes de rechazo en los estudiantes desde el ámbito curricular y a través de actividades complementarias. También buscamos la participación de otros actores comunitarios que influyen en la formación de la personalidad de nuestros estudiantes, explicó.

“Además, buscamos fundamentos teóricos para el desarrollo profesional. Hemos hablado en otras ocasiones sobre la profesionalización en la educación, no solo en cuanto al currículo, los programas de estudio y los planes, sino también en la concepción de una nueva escuela. La escuela se convierte en un modelo anticipado de la sociedad, no solo por lo que nos proponemos y lo que nos dijo Armando Hart hace muchos años, sino también por la forma en que la organizamos, lo que nos permite acompañar a los estudiantes en su recorrido de vida y en la formación integral de sus valores”, comentó.

González Pérez informó que se realizó una investigación en la que se aplicaron más de 3 000 instrumentos a familias, docentes, estudiantes y directivos de diferentes niveles, incluso a nivel provincial. “Esta investigación nos brindó cuatro ideas básicas en las que debemos seguir trabajando, y que están incluidas en el programa educativo. Estas ideas requieren un enfoque teórico y práctico más detallado en cada uno de los territorios institucionales”, dijo.

En primer lugar, la investigación reveló que la preparación del docente debe centrarse en trabajar desde todos los aspectos y dimensiones de la organización escolar. Cuando hablamos de la clase como contribución a la formación integral del estudiante, nos referimos también a la preparación metodológica y a las herramientas metodológicas que los directivos tienen para que el maestro imparta una clase que llegue a los sentimientos de los estudiantes y promueva sus valores y convicciones. Estamos hablando de una clase que promueva un desarrollo no solo cognitivo, sino también personal. Hablamos de la colaboración entre la escuela, la familia y la comunidad, destacó el viceministro.

“No es casualidad que hayamos establecido este principio para hoy. Por eso, en base a estos resultados científicos, estamos buscando llevar todo lo que hemos hecho más allá de los muros de la escuela, llevándolo a las familias y a la comunidad. Es un desafío al que nos enfrentamos”, dijo.

“Y esa es la participación de la escuela, brindando asesoramiento en los grupos de prevención mencionados anteriormente, y compartiendo el diagnóstico que tiene con estos otros actores que participan activamente en la formación de los estudiantes. Por lo tanto, existen tres procesos esenciales en la educación que debemos reconsiderar para este programa educativo, y que hemos estado trabajando durante este año. Estos procesos se relacionan con la dirección del trabajo científico-metodológico, la formación continua de nuestros docentes y la necesidad de garantizar que estén preparados y puedan utilizar la ciencia en la implementación de este programa”, agregó.

Para el viceministro, aún nos falta avanzar mucho en la producción de resultados científicos, la generalización e implementación de buenas prácticas, y la innovación para poder anticipar los fenómenos.

“Existen varios indicios, que nosotros denominamos riesgos, que hemos estado compartiendo con el grupo de prevención y para los cuales hemos llevado a cabo capacitaciones relacionadas. Tenemos estudiantes que nos van mostrando, paso a paso, el camino que van tomando para garantizar una formación integral. Algunos de estos estudiantes cuentan con un buen apoyo familiar, pero hay otros que necesitan atención adicional. Algunos presentan señales de advertencia, fuman, deambulan por las noches y desafían el control familiar”, refirió.

Dijo que, generalmente, “cuando se evalúan las tendencias de los últimos 10 años, nos damos cuenta de que los jóvenes participan más en actividades riesgosas durante los fines de semana y después del anochecer. Lo hacen para encajar en un grupo, por curiosidad o por experimentar con drogas. Por lo tanto, aquí es donde comprendemos la importancia de lo que mencionamos anteriormente, la necesidad de desarrollar la capacidad para fomentar una cultura de rechazo y al mismo tiempo promover la percepción del riesgo”.

“Es fundamental trabajar en colaboración con las familias, pero también preparar a los maestros para desempeñar un papel activo en esta área. Es por eso que hemos insistido en la importancia de no limitarnos solo a ofrecer talleres para padres, sino también brindar una educación familiar integral. Durante este año, hemos llevado a cabo varios intercambios educativos integrales, utilizando una metodología en la que colaboramos con los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, la Fiscalía y otros actores, incluido el Ministerio del Interior, para poder anticiparnos a estos fenómenos que afectan a los jóvenes. Además, hemos realizado estudios científicos y análisis de casos”, comentó.

“En los últimos diez años hemos observado una tendencia de resistencia a la disminución en la incidencia de estos problemas. Debemos reconocer que desde 2022 en adelante ha habido un aumento en la participación de nuestros estudiantes, especialmente en la educación secundaria básica, en el noveno grado y en el primer y segundo año de la educación técnica y profesional, en hechos relacionados con las drogas. En el pasado, cuando evaluábamos esta situación en 2022, la edad promedio era de 18 años, pero ahora estamos hablando de 15,2 años, lo que indica una disminución en la edad promedio de los involucrados, lo cual es más preocupante, ya que los jóvenes pueden ser más vulnerables y confundirse fácilmente”, alertó el viceministro.

Apuntó que esta etapa de la adolescencia implica desafíos para los estudiantes, y a veces se produce una ruptura en la escuela, la familia y la comunidad, y son los jóvenes quienes quedan más expuestos. Además, la influencia de la virtualidad en la educación también confunde a los jóvenes.

“Debemos reconocer que en los últimos años ha habido un aumento en la identificación de casos por parte de nuestros maestros, lo cual ha desempeñado un papel importante en la detección temprana y la atención oportuna para evitar que se produzcan situaciones con múltiples estudiantes a la vez. El 87,8% de los estudiantes que han participado en estos hechos consumían drogas y bebidas alcohólicas, y de alguna manera habían descuidado sus responsabilidades escolares”, señaló.

Por lo tanto, dijo, esto confirma lo que hemos estado mencionando, que recibimos señales y podemos intervenir. Existen muchos enfoques permisivos en el hogar, donde estos jóvenes nos expresan que ellos se autogobiernan, salen a la hora que desean y hacen lo que creen conveniente. Sin embargo, también está demostrado que la familia rechaza este fenómeno. Esta es una de las fortalezas con las que podemos seguir trabajando en este ámbito, insistió.

De acuerdo con el viceministro de Educación, “existen varios desafíos gigantescos por delante. En primer lugar, debemos contribuir a fomentar una mayor cultura de rechazo a las drogas y perfeccionar nuestro enfoque metodológico para convertirlo en una herramienta esencial en la promoción de esta cultura de rechazo a través del currículo. También es importante destacar el papel crucial de la familia y seguir haciendo hincapié en la importancia de la alerta temprana y la preparación de las familias para que nos apoyen en esta batalla, ya que estamos enfrentando grandes desafíos tanto a nivel nacional como internacional”.

“Debemos diversificar nuestras estrategias de comunicación e involucrar a todos los actores de la sociedad para seguir alertando de manera oportuna y garantizar que cualquier caso relacionado con la educación y las drogas nos preocupe y ocupe. Un estudiante involucrado en un caso de drogas nos preocupa y nos ocupa. No solo porque represente un porcentaje significativo para nosotros, ya que en los últimos 10 años hemos tenido un 0,08 por ciento de casos, sino porque ese caso es el 100% para la familia. Debemos seguir insistiendo en que todos trabajemos juntos, reconociendo los esfuerzos, la dedicación, el amor y la preparación de nuestros directivos, docentes, familias y estudiantes”, añadió.

Sin embargo, enfatizó el viceministro, lo más importante es proteger a nuestros niños, adolescentes y jóvenes para que no caigan en estos errores ni sean engañados. “Nuestro objetivo es asegurar su desarrollo de acuerdo con los principios éticos y morales de nuestra sociedad”, dijo.

En los minutos finales de la Mesa Redonda, Yaliel Cobo Calvo, miembro del Buró Nacional Educador de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), dijo que es importante señalar que los productos audiovisuales como películas y series también ejercen una poderosa influencia en nuestros jóvenes, al normalizar e incentivar el consumo de drogas.

“Estos contenidos les resultan atractivos y los llevan a involucrarse en este tipo de comportamientos. Debemos entender que no nos encontramos ajenos a este entorno que se promueve, sino que más bien genera violencia, conductas irresponsables y sensacionalistas, así como secuelas psicológicas y problemas de salud, como se ha explicado anteriormente. También afecta directamente la economía familiar”, refirió.

El General de Ejército nos ha dicho que estos problemas deben ser enfrentados desde el momento mismo de su aparición. Creemos que, con el esfuerzo conjunto de las familias, las organizaciones y las instituciones, podemos ganar la batalla contra las drogas en Cuba. Esta batalla no se limita únicamente a la educación, la preparación y la información para que nuestros jóvenes puedan actuar de manera consciente, sino que también implica la búsqueda de alternativas para una recreación sana y el aprovechamiento del tiempo libre. En ocasiones, son precisamente estas alternativas las que llevan a nuestros jóvenes a buscar otros caminos que no son los que esperamos para ellos. Es por eso que la nueva política integral, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, contempla también nuevas formas de contribuir a la recreación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes cubanos”, dijo.

(Con información de Cubadebate)

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