Cuba avanza en derechos de la comunidad LGBTIQ+ con un marco legal inclusivo, pero la lucha contra la homofobia, la bifobia y la transfobia necesitan transformación cultural y compromiso social permanente
Por: Stephany Lorente Sánchez
La necesidad de vivir la sexualidad y la identidad de género a plenitud constituye un pilar fundamental de los derechos fundamentales que la comunidad internacional reconoce desde hace décadas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1984, expuso la obligación inalienable de los Estados de proteger, promover y garantizar el derecho de las personas a amar, a elegir una pareja y a ser reconocido como persona ante la ley.
El experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discrimanción basadas en la orientación sexual y la identidad de género de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Graeme Reid, ha señalado en reiteradas ocasiones que la discriminación basada en estas razones vulnera el principio de la igualdad y no discriminación; por ello la lucha contra la homofobia, la transfobia y la bifobia no constituye una agenda sectorial, sino una causa que ocupa a la sociedad en general.
Desde que la Organización Mundial de la Salud acordara –el 17 de mayo de 1990– eliminar la homosexualidad y la bisexualidad de la lista de enfermedades mentales, el día fue elegido para resaltar la necesaria lucha contra quienes aún 36 años después no comprenden el hecho de elegir a quien amar como un derecho primordial de todas las personas.
A pesar de esta determinación, la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género aun no está reconocida por todos los estados miembros de la ONU; alrededor de 80 de estos países aun criminalizan la homosexualidad y las relaciones entre personas del mismo sexo con penas de prisión y, en algunos casos, hasta la muerte.
En América Latina, la situación presenta contrastes marcados. Mientras algunos Estados se ubican a la avanzada en el reconocimiento pleno de derechos, otros mantienen legislaciones que estigmatizan a las personas con orientación sexual e identidad de género diversas. Dentro de este contexto regional, Cuba se distingue por un proceso sostenido de transformación sociopolítica que sitúa a la Isla en una posición de vanguardia. No obstante, los avances legislativos no bastan por sí solos; requieren de una sociedad informada, sensibilizada y comprometida con la igualdad real y no solo formal.
Por ello, cada 17 de mayo se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre lo que se ha logrado y, sobre todo, sobre la parte del camino que aún es necesario recorrer.
“El amor es Ley”
Actualmente, la forma en la que se entienden los derechos sexuales de las personas varía entre regiones; incluso, dentro del propio continente latinoamericano, la visión desde lo legal y político que les brindan los diferentes Estados marca las pautas de la forma en la que se perciben los derechos de la comunidad LGBTQ+.
No es casual que el lema de la jornada contra la homofobia, la bifobiia y la transfobia en este 2026 sea “El amor es Ley”; pues, como refiere el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), Cuba se posiciona como el octavo país de América Latina y el primero en la región del Caribe en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las personas de la comunidad LGBTIQ+; pues el archipiélago caribeño cuenta con un sólido marco legal que incentiva el respeto a la diversidad, la dignidad y el bienestar de todas las personas.
La jurista y vicedirectora del Cenesex, Fátima Abdulá, reconoce como la principal herramienta para la garantía de estos derechos que desde la Constitución de la República, la ley de leyes cubana –aprobada por significativa mayoría en 2019–, se reconozca que “todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género (…)” (Art. 42).
Lo anterior se complementa con los artículos 47 y 48 que expresan –respectivamente– el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho al respeto de la intimidad personal y familiar, imagen y voz, y honor e identidad personal.
De estas disposiciones en la carta magna se deriva todo un marco legal que, desde distintos sectores, busca ser garante de una sociedad que apueste por la igualdad, por la no discriminación, por una vida libre de violencia, por la autonomía e integridad del cuerpo, en resumen, por una sociedad en pleno ejercicio de sus derechos.
En este sentido el año 2022 se convirtió en un punto de inflexión al que se hace imposible no retornar. La actualización de dos importantes instrumentos legales como son el Código Penal y Código de las Familias –que databan de 1987 y 1975, respectivamente– posicionó a Cuba como una de las naciones más progresistas en torno a los derechos de las personas con una orientación sexual o identidad de género no normativas.
Primeramente, una de las principales novedades en el Nuevo Código Penal ha sido la inclusión de la violencia de género y en el escenario familiar y todas las formas de discriminación como acciones que tipifican y agravan sanciones. Además, contempla condenas por agresión o abusos sexuales y se penalizan los delitos cometidos como resultado de la violencia de género o por odio contra la víctima por motivo de su origen étnico, color de la piel, religión, género, identidad de género u orientación sexual.
Por otro lado, en septiembre de 2022, más de la mitad de la población cubana elevó a rango legislativo –mediante referendo popular– la importancia del amor y los afectos como valores fundamentales de todas las estructuras familiares. La aprobación del Código de las Familias constituye uno prueba ineludible del nivel de madurez alcanzado por el gobierno y pueblo cubano en la implementación de la justicia social.
No es casual el cambio de número –diferente al de su predecesor– en el vocablo “familia”, pues busca reconocer y garantizar los derechos de los grupos vulnerables de la sociedad al promover la protección de todas las familias con una visión multidisciplinaria, sin imponer un modelo específico de organización familiar. Entre sus principales novedades se encuentran el matrimonio entre personas del mismo sexo, la legitimación de uniones de hecho y la posibilidad de gestación subrogada y adopción para parejas homosexuales.
Este reconocimiento legal de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Cuba no constituye un capricho legislativo, sino que responde a procesos de debate social, consulta popular y transformación cultural gestado desde los barrios, las universidades, los centros de trabajo y los hogares.
No obstante, las leyes abren caminos, pero son las personas quienes transitan por ellos. Es por ello que el desafío actual recae en fortalecer los mecanismos de protección, ampliar la formación de jueces, fiscales y funcionarios públicos con perspectiva de género para que a ningún cubano o cubana le sea vulnerado su derecho a la identidad, al amor y a la familia.
Pero la lucha aún no termina
La norma es el punto de partida, pero la formación de una sociedad inclusiva aún reclama esfuerzos colectivos. Pues la homofobia, la transfobia y la bifobia son fenómenos que trascienden los marcos legislativos, pues sus raíces se afianzan en una sociedad cuyo modo patriarcal de organización aísla y discrimina a quienes no se ajusten dentro de los patrones de orientación sexual e identidad de género preestablecidos; por ello nunca será suficiente la alfabetización y la capacitación hacia todos los actores de la sociedad.
Si una niña prefiere jugar al béisbol y no a las casitas, ¿qué le dirías?; si tu hijo adolescente tiene un amigo que es abiertamente homosexual, ¿qué le dirías?; si tu mejor amiga te cuenta que le gustan tanto los hombres como las mujeres, ¿qué le dirías?, si tu alumno en el preuniversitario te pregunta si puede asistir a las clases con una saya y no con un pantalón porque así se siente más cómodo, ¿qué le dirías?
Estas interrogantes no tienen una respuesta correcta, pero sí muchas incorrectas. La existencia del estereotipo no es el principal problema, pues somos seres sociales que se construyen culturalmente en una sociedad de valores aprehendidos; las alarmas deben saltar cuando somos capaces de reconocer el comportamiento discriminatorio y, en vez de trabajar para eliminarlo, lo reproducimos y lo transmitimos a quienes nos ven como figuras de autoridad. Por ello, es necesaria la educación desde a los más pequeños de casa –tanto en los hogares como en las escuelas– hasta la de los adultos mayores.
A propósito, cada mes de mayo, en Cuba los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil despliegan campañas comunicativas en pos de promover la necesidad de la lucha contra la discriminación a las personas homosexuales, bisexuales y transexuales; pero desgraciadamente aún no es suficiente.
La transformación de una sociedad exige más que cambios en sus leyes o propagandas sensibilizadoras un solo mes al año; más bien reclama un proceso de desaprendizaje de los prejuicios que durante siglos se han naturalizado. Pues la brecha entre lo que la norma establece y lo que la práctica social refleja aún es visible en múltiples escenarios: el acceso a empleo para personas trans, la representación mediática libre de estereotipos y la seguridad en espacios públicos son áreas donde la discriminación todavía se manifiesta con crudeza.
Es por eso que la lucha por derechos sexuales y de género y contra la discriminación no puede quedar confinada a las jornadas de mayo ni es tarea solo de quienes la sufren; sino que es una responsabilidad compartida que define el carácter democrático de un país que aspira a la plena igualdad para todas sus personas. El camino hacia una Cuba libre de homofobia, bifobia y transfobia no admite pausas ni concesiones; cada persona que ejerce su derecho a amar, a ser y a vivir a plenitud contribuye a la construcción de una nación más justa, más tolerante y más humana.