Tres senadores estadounidenses, cual de ellos más obcecado con hacer rendir por hambre a Cuba, acaban de presentar un proyecto de ley que pretende castigar a aquellos países que aceptan la colaboración médica de la Isla.
Cualquiera de los tres, Marco Rubio, Ted Cruz y Rick Scott, tiene un amplio aval al servicio de la peor política contra la Mayor de las Antillas, y queda descartado que a alguno le interese cuántas personas salvan o ayudan a salvar nuestros galenos.
El proyecto establece que el Departamento de Estado publique la lista de países que tienen contratos con el gobierno de Cuba para su programa de misiones médicas, y requiere que sean considerados por la instancia como un factor en la clasificación de tales naciones en el informe sobre Trata de Personas.
La miseria de estos políticos parece no tener límites. Ni en la coyuntura actual, que más reclama el servicio médico, venga de donde venga, dejan de atacar una cooperación que ha salvado millones de vidas y contribuye al desarrollo de programas de formación de recursos humanos en países donde la carencia de ellos se refleja en los bajos índices de sanidad, en las altas cifras de padecimientos de enfermedades y en la consecuente letalidad.
Los mencionados «señores» saben bien –pero no les interesa– lo que hoy ocurre en lugares donde ya no están los nuestros, como Brasil, Bolivia y Ecuador, que bajo las presiones de Estados Unidos, interrumpieron la colaboración médica, y dejaron desprovistos de salud y de esperanza a los pobladores de intrincados parajes.
Demasiado tiempo les ocupa la aberración de ir sancionando naciones que reciben con gratitud a los médicos cubanos, como para detenerse un solo instante en las causas que convierten, al país más rico del mundo, en el epicentro global de la pandemia.