Por: Alicia Cascaret
El periodista del programa Mundo 20/20 pone en contexto la crítica situación del país de América Latina, Ecuador, cuando comenta:
Ecuador atraviesa una situación crítica en materia de seguridad, exacerbada meses atrás en provincias como Guayas y Esmeraldas, donde las narcobandas ejecutaron ataques sincronizados con explosivos contra comisarías, gasolineras y terminales de buses.
Diversos expertos consideran que el incremento de la violencia en el país es muestra de lo que muchos consideran acciones pocos contundentes por parte del Gobierno contra dichas bandas, que se disputan el poder en determinados territorios y junto a ello el mercado de drogas y todo tipo de negocios ligados a este flagelo.
Incluso la violencia ha ido escalando a niveles insospechados dentro de las propias cárceles, con decenas de muertes en los últimos meses, desde cuyas rejas se teje la telaraña del fenómeno del narcotráfico.
El país está viviendo una presión fuertísima con las llamadas vacunas —forma que en Ecuador se denominan a las extorsiones—, algo que ha llegado a ciudades que no tenían tan altos niveles de violencia, como Quito.
Amplios sectores sociales temen que las bandas lleguen incluso a convertirse en un poder paralelo, pues sus ataques son cada vez más frecuentes en el escenario público, incluso pese al estado de excepción declarado por el Gobierno en varias ocasiones.
Por su parte, la corresponsal de Prensa Latina en ese país, Adriana Valdés Robreño, aborda vía online este tema con su invitada, la socióloga Carol Murillo, profesora de la Universidad Central del Ecuador.
Robreño dijo la prensa internacional al hacer alusión a Ecuador se enfoca en la violencia,la inseguridad, las muertes carcelarias –más de 400 reos muertos en casi dos años- e indaga las razones por las cuales Ecuador se ha convertido en uno de los países más violentos de América Latina
A juicio de la invitada, la profesora Murillo, desde 2017 con la asunción al poder de Lenín Moreno y posteriormente de Guillermo Lazo, ha involucionado históricamente al cambiarse el modelo de desarrollo del país, el proyecto nacional , las relaciones internacionales con países y con organismos económicos internacionales “ como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial que condicionan muchas de las cosas que hacen los gobiernos “. Todo eso hace que las condiciones económicas de la gente bajen y se creen cinturones de miserias, de pobreza y pocas oportunidades. “El gobierno de Lazo ha anulado o reducido todas las políticas públicas”.
Al reducir esas políticas públicas menos niños van a las escuelas, menos jóvenes acceden a las universidades-dijo- y si se suma la pandemia se ha creado un ambiente social negativo.
Se refirió a la incidencia directa de los gobiernos neoliberales hacia las políticas públicas y valoró las diferencias entre los modelos neoliberales anteriores y sus consecuencias luego de la pandemia.
El incremento de la pobreza y la cercanía a Colombia y su gran producción de drogas y como los carteles buscan ampliar su mercado y Ecuador pasó de ser un país de tránsito de la droga a un país de mercado de estupefacientes .
Dijo la profesora Murillo, en Ecuador no hay grandes capos de la droga, pero son una especie de empleados de esos capos con un gran ejército de micro tráfico que ha invadido al país y captan a jóvenes y niños para la venta de droga.
Robreño introduce el tema de la enmienda constitucional y Murillo en un preámbulo opina “ellos no se preocupan de la descomposición social que producen sus políticas de gobierno que crean condiciones para que el micro tráfico y el consumo tengan viabilidad en el país”.
Se debate que las personas puedan portar armas y el país inmerso desde hace tres años en violencia “ellos creen que militarizando el país o dándoles armas a la gente, la violencia y la inseguridad va a reducirse. Lo que se está viviendo no es el auge de la violencia sino la destrucción de la institucionalidad. Hay un irrespeto a la institucionalidad por parte del gobierno de Guillermo Lazo”.
La socióloga contó cómo se aprueban leyes casi chantajeando al ejecutivo para recibir favores de todo tipo. Lo cual a su juicio explica la violencia no está en el país porque los capos de la droga o gente mala o las pandillas crezcan por generación espontánea sino por la crisis institucional, la reducción del Estado y la carencia de políticas públicas.
Desde La Habana el periodista Julio César Mejías apuntó: En junio de 2022, Ecuador vivió un estallido social, que paralizó la mayor parte de la nación andina. Las manifestaciones fueron convocadas por el movimiento indígena para exigir respuestas a una agenda de 10 puntos planteados al Gobierno un año antes y que aparentemente se quedaron dormidos en la mesa presidencial.
Entre las exigencias estaban la rebaja de los precios de los combustibles, el cese de las privatizaciones y la minería ilegal, la seguridad ciudadana y la autonomía de los territorios indígenas, derechos laborales y moratoria bancaria.
Durante la ejecución del paro nacional, fuerzas de la policía y el Ejército allanaron la sede de la Casa de la Cultura en Quito, detuvieron al líder de indígena Leonidas Iza, mientras en las calles se produjeron enfrentamientos entre uniformados y civiles con un saldo de decenas de heridos, detenidos y seis muertos.
Tras casi 20 días de manifestaciones y paralización laboral, y con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana como garante y mediador, se logró la firma de un acta que dio paso a un periodo de 90 días de diálogos, período durante el cual el Gobierno del presidente Guillermo Lasso y el movimiento indígena firmaron diversos acuerdos, aunque sin consenso en puntos clave causantes de las protestas.
Y ahora, casi tres meses después de concluir el proceso de negociaciones, las organizaciones indígenas y sociales de Ecuador aseguran que la administración las engañó, pues prácticamente nada de lo previsto salió del papel.
Mientras tanto, crece la preocupación ante el desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional de los últimos 700 millones de dólares del préstamo acordado en 2020, por el cual el país recibiría 6 500 millones en un plazo de 27 meses, destinados entre otras cosas, para ampliar los programas de asistencia social. Programas precisamente incluidos en las demandas populares, que siguen sin concretarse.
Se pone sobre el tapete la consulta popular y la periodista Robreño se refiere al amplio abanico que la conforman y se llevará a cabo el 5 de febrero, pero existen criterios contrarios a la misma. En ese sentido, la socióloga ecuatoriana estimó es un ejercicio democrático en su país, pero los gobiernos la utilizan para intereses concretos y pone por ejemplo la extradición que no requiere de consulta para que haya convenio de extradición entre países. Y añadió: “si a algo le temen estos gobiernos en Ecuador es a la Constitución que se aprobó en el año 2008. Una carta magna es un pacto social donde su fundamental fortaleza es el garantismo de los derechos de la ciudadanía. Esa constitución creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No ha habido durante los últimos 14 años fantasma más tenebroso para la derecha, para las élites de este país que habían gobernado, que esa institución”.
Murillo explicó existen concurso para que los ciudadanos puedan acceder a cargos, sin palancas políticas y los que gobiernan desde hace 6 años desean volver a la constitución de 1998 y desaparecer a la de 2008.
Sobre las preguntas de la consulta dijo “están dedicadas a ir carcomiendo la constitución de 2008”.
También se refirieron al injerencismo estadounidense donde el embajador del país norteño se abroga el derecho de opinar sobre los asuntos internos del país sudamericano “hemos regresado a la época colonial donde rendimos cuenta a un embajador…las autoridades rinden cuenta a esas intervenciones poco diplomáticas y la gente no lo toman como una injerencia, sino como un consejo, como una advertencia, como que va a ayudar”.
Ante la pregunta de la periodista Robreño si Ecuador finaliza 2022 peor como empezó, la socióloga ecuatoriana indicó: “da pena decirlo porque es mi país, pero Sí, cuando uno sale a las calles ve pobreza, ve miseria, ve desesperanza, los niños, es un país que sigue atándose a los préstamos internacionales pero no para mejorar la economía, y la única esperanza que tenemos es que se logre parar las intenciones ocultas que tiene la consulta popular y que, más bien, se transforme en una especie de referendo que exprese su rechazo a las políticas de Guillermo Lazo”.
