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La Ley para la Comunicación Social que Cuba necesita (+ Video e Infografía)

Cuba ya tiene una Ley de Comunicación Social, primera propuesta jurídica sobre esta materia en el país, que llega en tiempos de declarada guerra de cuarta generación que apunta directo a los sentidos.

Es una norma que reconoce la contribución de la comunicación social en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, tanto en el espacio físico como digital, para fortalecer la unidad del pueblo, afianzar la ideología de nuestra sociedad socialista y defender la independencia, soberanía y seguridad de la Patria.

Y es necesaria en estos tiempos porque desde ella se respalda también el papel decisivo de la comunicación social en la sostenibilidad y prosperidad de la nación y la voluntad política del Estado que la considera un pilar esencial de su gestión de gobierno, desde donde también se contribuirá a ejercer el control popular.

La Ley de Comunicación Social, aprobada en la Segunda Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, tiene como objeto regular el Sistema de Comunicación Social para la gestión estratégica e integrada de los procesos de comunicación social en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, con fines políticos, de bien público, organizacionales y comerciales, tanto en los espacios públicos físicos como en los digitales; y establecer los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social en el país.

Entre sus principales aportes está asumir los procesos comunicacionales con una visión estratégica y a la vez integrada, no solo en su expresión mediática, lo que ha sido la principal tendencia en todas las leyes de esta materia en el mundo.

Promover prácticas comunicativas que posibiliten transparencia en la información, la rendición de cuenta de los servidores públicos y otras formas de participación democrática con énfasis en los mecanismos de control popular, de conformidad con la legislación vigente, forma parte de los propósitos esenciales de esa gestión estratégica e integrada del Sistema de Comunicación Social del país.

Se trata de implementar procesos que faciliten a las personas el acceso a la información y que todos respondamos por deberes y derechos, como sujetos principales de los procesos comunicacionales.

Es una norma inclusiva con capítulos dedicados a niños, niñas y adolescentes, a la gestión de la comunicación de cara a las personas que viven en situación de vulnerabilidad, a lo que significa el adulto mayor en la sociedad cubana, a la participación popular, entre otros temas.

Es una legislación sólida, madura e integral ampliamente debatida por expertos, diputados, periodistas, comunicadores, juristas y otros sectores de la sociedad cubana que se vio abocada durante meses al análisis de los preceptos que en ella se establecen, en un riguroso proceso de construcción colectiva, signado por la atención a cada opinión mediante un amplio ejercicio democrático.

Para su elaboración se nutrió de los principales saberes académicos y se ha alimentado de la práctica comunicacional cubana que, como se apuntado en varias ocasiones por integrantes de la Comisión Redactora, no necesariamente requeriría de un instrumento jurídico para ser sólida, porque todos estos años había estado en la documentación política del país, en los lineamientos, los documentos de los congresos del Partido, entre otros.

La Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno, aprobada en 2018, tiene ya un instrumento jurídico normativo para el desarrollo de la comunicación social que Cuba necesita, corresponde a todos no hacer de ella letra muerta.


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