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Demandan a American Airlines y a Latam Airlines bajo el Título III de la Ley Helms-Burton

La reclamación contra American Airlines y la chileno-brasileña Latam Airlines fue introducida por Rivero Mestre, una firma de abogados con sede en la Florida, que ya ha presentado varias acciones legales de este tipo.

La aerolínea norteamericana American Airlines y la chileno-brasileña Latam Airlines fueron demandadas este miércoles en Estados Unidos bajo el Título III de la controvertida Ley Helms-Burton contra Cuba, que busca privar a la Isla de inversión extranjera.

De acuerdo con la página digital Law.com, la reclamación contra ambas compañías fue introducida por Rivero Mestre, una firma de abogados con sede en Coral Gables, Florida, que ya ha presentado varias acciones legales de este tipo desde que la administración de Donald Trump activó el Título III el pasado 2 de mayo.

José Ramón López Regueiro es el demandante

El demandante, difundió el medio, es José Ramón López Regueiro, hijo de José López Vilaboy, a quien la reclamación menciona como el antiguo dueño del Aeropuerto de Rancho Boyeros, actualmente el Aeropuerto Internacional José Martí, que fue nacionalizado tras el triunfo de la Revolución en la Isla, el 1 de enero de 1959.

La demanda expresa que “un gran número creciente de aerolíneas cubanas, estadounidenses e internacionales han utilizado y se han beneficiado del aeropuerto durante años, y continúan haciéndolo”, y añade que la familia Vilaboy no ha dado su consentimiento para tal uso, a pesar de tratarse de una propiedad nacionalizada.

El documento presentado ante la corte del distrito sur de Florida añade que Regueiro interpone esta acción por daños y perjuicios a raíz de lo que la reclamación denomina como “tráfico”.

José López Vilaboy era un testaferro del dictador Fulgencio Batista

Un artículo publicado en mayo último en el diario Granma describe a Vilaboy, propietario antes de 1959 del mencionado aeropuerto, la Compañía Cubana de Aviación, el hotel Colina y otros inmuebles, como uno de los testaferros más allegados del dictador Fulgencio Batista, derrocado por la Revolución.

Ese trabajo recordó que el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, encargado en ese momento de tramitar las nacionalizaciones e intervenciones de propiedades mal habidas, abrió 27 expedientes a Vilaboy y a su esposa por enriquecimiento ilícito, así como a otras 15 personas que aparecían como sus testaferros en compañías y negocios.

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