Por: Annette Rodríguez Gutiérrez
El almanaque nos sitúa ante una fecha que no convoca a la celebración, sino a la introspección profunda. Cada 15 de junio, el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez nos obliga a mirar de frente un fenómeno silencioso que, a menudo, transcurre detrás de las puertas de un hogar.
Para Cuba, este día no es una efeméride abstracta; es una radiografía urgente de nuestra realidad más inmediata. Vivimos en un país que se avejenta a ritmos acelerados, donde las canas ya no son la excepción, sino la regla del paisaje social.
Asumir el cuidado y el respeto absoluto hacia nuestros ancianos ha dejado de ser únicamente un imperativo moral o un compromiso de consanguineidad. Hoy por hoy, se ha transformado en un desafío macroeconómico, sociológico y humano de envergadura colosal.
Cuando la base de la pirámide poblacional se estrecha y la cúspide se ensancha de manera indetenible, la protección de la longevidad debe mutar de la simple asistencia pública hacia una cultura institucionalizada del buen trato.
Para dimensionar el escenario, resulta insoslayable acudir a los registros fríos, pero sumamente reveladores, de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Los informes demográficos más recientes confirman una tendencia que los sociólogos locales catalogan de indetenible: Cuba se posiciona como el país más envejecido de América Latina y el Caribe, con más del 25.7% de su población que supera los 60 años de edad. Esta transición demográfica, caracterizada por la baja natalidad y el incremento de la esperanza de vida, sitúa a la nación en una encrucijada inédita.
El envejecimiento poblacional no es, bajo ningún concepto, un fracaso social; al contrario, representa el triunfo de la supervivencia y de las políticas de salud pública sostenidas en el tiempo. Sin embargo, el verdadero nudo gordiano radica en la calidad de esos años ganados a la vida.
El incremento de la expectativa de vida no siempre marcha de la mano con la autonomía física o económica, lo que coloca a un porcentaje considerable de este grupo etario en una situación de vulnerabilidad manifiesta. La dependencia funcional, sumada a las tensiones cotidianas del entorno socioeconómico, genera caldos de cultivo donde el maltrato —en sus vertientes más sutiles y punzantes— puede florecer si no se cuenta con las redes de contención adecuadas.
Hablar de maltrato en la vejez suele evocar, de primera mano, la agresión física o el abandono flagrante. Sin embargo, la praxis periodística y las investigaciones psicológicas en el entorno cubano demuestran que las heridas más profundas suelen ser de otra índole.
Existe un maltrato psicológico y patrimonial que se mimetiza con la rutina. El despojo involuntario de los espacios del hogar, la toma de decisiones económicas sin consultar su criterio o el confinamiento a tareas domésticas extenuantes bajo el pretexto de «mantenerlos útiles», son formas veladas de violencia.
La infantilización del anciano, tratar a los abuelos como niños, restándoles autoridad sobre sus propias vidas, es una de las manifestaciones más recurrentes del menosprecio cognitivo.
La violencia financiera, Utilizar las pensiones o recursos del adulto mayor para gastos comunes del hogar sin retribuirle en sus necesidades básicas de salud o recreación.
El aislamiento comunicativo, en la era de la hiperconectividad y el traspaso transmedia, la brecha digital a menudo se convierte en un pretexto para marginar a los mayores de los debates familiares y sociales.
Este panorama se complejiza cuando se analiza el fenómeno de la migración familiar, que en los últimos tiempos ha dejado a no pocos ancianos viviendo solos o al cuidado de terceras personas.
El hogar, concebido históricamente como el santuario de la protección, muta en ocasiones en un espacio de soledad no deseada, donde la vulnerabilidad se multiplica ante la falta de redes afectivas directas.
Ante esta realidad, Cuba no ha permanecido de brazos cruzados en el ámbito legislativo. La aprobación e implementación del Código de las Familias marcó un hito sin precedentes en la jurisprudencia del país, dotando a los adultos mayores de un catálogo de derechos tangibles y exigibles.
Este cuerpo legal no se limita a enunciar consignas románticas, sino que introduce herramientas jurídicas de vanguardia como la delegación de responsabilidades parentales, el reconocimiento de la violencia familiar en todas sus dimensiones y la tipificación de la vulnerabilidad.
El nuevo ordenamiento jurídico coloca la dignidad de los abuelos en el centro del debate hogareño. Permite, entre otras prerrogativas, que las personas mayores puedan decidir de antemano cómo desean ser cuidadas y por quién en caso de pérdida de autonomía, blindando su patrimonio frente a posibles conductas abusivas de consanguíneos irresponsables.
No obstante, la ley por sí sola no transforma conciencias por generación espontánea. El verdadero reto radica en socializar estos mecanismos, logrando que cada ciudadano domine estas herramientas y las aplique en el plano comunitario.
Erradicar el abuso hacia los adultos mayores exige una articulación perfecta entre los servicios estatales y la sensibilidad ciudadana. Desde la óptica del periodismo social, es perentorio trazar estrategias multidisciplinarias que involucren a todos los actores de la sociedad civil cubana:
El cuidado de las personas mayores no puede ser una carga asumida con resignación o desgana; debe ser un acto de reciprocidad histórica. Ellos levantaron las columnas de la sociedad que hoy habitamos, edificaron escuelas, sostuvieron industrias y tejieron los hilos afectivos de nuestra identidad.
Garantizarles un crepúsculo existencial cobijado por el respeto, la ternura y la seguridad jurídica no es un favor que les concedemos; es, lisa y llanamente, el derecho que se ganaron a pulso. La madurez demográfica de Cuba debe corresponderse, de forma unívoca, con nuestra madurez humana.