El Consejo de Estado aprobó la creación del Instituto de Información y Comunicación Social como organismo de la Administración Central del Estado que tiene la misión de conducir y controlar la Política de la Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos, proponer su perfeccionamiento, así como contribuir a fomentar la cultura del diálogo y el consenso en la sociedad cubana.
Mediante el Decreto Ley 41, dado a conocer en la jornada de hoy en la Gaceta Ofical de la República, se dispone que el nuevo organismo asuma funciones desde esta fecha y, como consecuencia, se extinga el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT).
El Decreto-Ley dispone además que el Consejo de Ministros, en el plazo de los próximos treinta días, establezca las funciones específicas, la estructura y composición del Instituto de Información y Comunicación Social.
Como disposición especial, el Decreto-Ley establece que todas las referencias al Instituto Cubano de Radio y Televisión, presentes en la legislación actual, se entienden dirigidas al nuevo organismo.
De acuerdo con un post en Facebook de Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Upec, acerca de la creación del Instituto de Información y Comunicación Social, cuyo surgimiento fue anunciado en Gaceta Oficial este martes, dicho eslabón de gobierno “se diseña desde hace varios años y debe contribuir a resolver los problemas estructurales de la prensa y la comunicación en la sociedad cubana.
“De la institución se espera que ofrezca coherencia al cumplimiento de la Política de Comunicación del Estado y del Gobierno aprobada en 2018, la primera de este tipo después del triunfo de la Revolución.
“Dicha política reconoce a la información como un bien público y un derecho ciudadano.
“Aunque con una visión y misión mucho más integral e integradora, la aparición del Instituto debe facilitar el avance hacia nuevos modelos de prensa y de comunicación públicas, una necesidad acentuada por la rápida inmersión de Cuba en la llamada era de la convergencia y en el escenario de guerra híbrida que enfrenta el país.
“Por delante está pendiente, con vistas a resolver dichos problemas estructurales, la aprobación de un instrumento legal, ya incluido en el cronograma parlamentario, que ofrezca garantías a los derechos a la libertad de prensa y de expresión recogidos en la nueva Constitución”.