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Código de las Familias, en busca de derechos para todos

FAMILIAS CVI

Reales, heterogéneos, complejos, con diversas circunstancias y formas de relacionarse: en Cuba existen cada vez más tipos de hogares. La cotidianidad confirma una y otra vez que no existe “una familia de manual”, sino muchos diseños posibles. Esto implica, por supuesto, nuevos desafíos de cara a una legislación que defina, regule y proteja a todas las familias, más allá de sus diferencias. Las leyes tienen que garantizar derechos y responsabilidades para todos.

Reconocer esta realidad cambiante y plasmarla en la nueva Constitución fue apenas el primer paso de un camino difícil. Con la publicación este miércoles del anteproyecto del nuevo Código de las Familias, comienza un proceso de consulta especializada y debate popular que desembocará en la aprobación mediante referendo de una norma jurídica muy esperada.

En conferencia de prensa, el Ministro de Justicia Oscar Manuel Silvera Martínez explicó que, tras 46 años de la promulgación del Código vigente, su contenido no es coherente con la diversidad familiar actual. “Requiere modificaciones que doten a nuestro país de fórmulas y soluciones ágiles para los diversos conflictos que se pueden suscitar en este ámbito”.

Por tanto -en sintonía con el texto constitucional aprobado en 2019 y sus principios de igualdad, no discriminación y dignidad humana-, el anteproyecto reconoce todas las expresiones de diversidad familiar y el derecho de cada persona a constituir una familia. No crea ni impone modelos, no quita derechos a unos para dárselo a otros; más bien legisla responsabilidades y derechos para todos los hogares.

“Es muy amplio, pues es necesario proteger la pluralidad de familias. No se pretende imponer modelos, sino reconocer y proteger la diversidad que ya existe en la realidad social cubana, como le corresponde a una norma de esta envergadura atendiendo a los principios de nuestro sistema social laico e inclusivo y a los postulados constitucionales aprobados por la inmensa mayoría de la población el pasado año 2019”, señaló durante la conferencia Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) y miembro de la comisión encargada de su elaboración.

“Hay mucha ciencia aplicada para llegar aquí: es el resultado del diagnóstico hecho en torno a las familias cubanas, de la práctica judicial en la Isla y de los avances en la legislación de otros países. Este es un anteproyecto moderno, actualizado y revolucionario por la manera en que aborda los avances del derecho comparado en estos temas y su capacidad para adaptarlo al contexto cubano”, agregó Silvera Martínez.

A lo largo de 11 títulos y 483 artículos, la propuesta del nuevo Código establece a la familia como principal responsable del cuidado y protección de sus miembros; reconoce relaciones familiares que no se basan en la consanguinidad dando mayor fortaleza al espacio afectivo; y actualiza diversas instituciones jurídico familiares como el parentesco, la obligación de dar alimentos, el matrimonio, la unión de hecho, la valoración económica del trabajo en el hogar, la filiación cualquiera sea su origen, las relaciones parentales y otras instituciones de guarda y protección de menores, adultos mayores y personas con discapacidad.

Según argumentó González Ferrer, potencia la igualdad de género en el espacio familiar, expresa el derecho a una vida libre de violencia, brinda soluciones a conflictos transnacionales que derivan de la migración o de las relaciones entre personas cubanas y extranjeras y refuerza las fórmulas garantistas para personas en cualquier situación de desventaja o vulnerabilidad en el espacio familiar. “Ante un tema de sensibilidad como los cuidados en el ámbito doméstico, también ofrece alternativas”.

Además, fortalece el papel de los Tribunales ante los litigios familiares; las competencias de la Fiscalía, la presencia de estos asuntos en el ámbito notarial y la responsabilidad del Ministerio de Justicia en la defensa y protección de las personas en situación de vulnerabilidad en el ámbito familiar.

Protege la maternidad y la paternidad, desde una perspectiva de responsabilidad compartida, “en sinergia con el respeto de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos”, agregó la jurista.

El anteproyecto apuesta por un principio según el cual todas las instituciones son para todas las personas: con cumplimiento de requisitos predeterminados, pero sin discriminación por características personales. Por tanto, reconoce el matrimonio y la unión de hecho afectiva como alternativas para vivir en pareja y en familia, sin discriminación alguna en su alcance y sin distinción por motivo de orientación sexual.

Otra de sus novedades es la incorporación de alternativas de filiación por reproducción asistida y socioafectiva, a las ya existentes de filiación consanguínea y afectiva. Además, contempla la posibilidad de que las parejas decidan variar el orden tradicional de los apellidos de sus hijos.

La nueva legislación no solo pretende validar las variadas maneras de vivir que presentan hoy las familias cubanas. También propone mecanismos de protección ante situaciones de violencia basada en género o contra menores y adultos mayores en el contexto familiar, define responsabilidades en la educación infantil y avanza en el diseño de políticas en torno al envejecimiento poblacional y el embarazo y matrimonio adolescente.

Entre otras acciones, prioriza la protección de adultos mayores, personas con discapacidades y sus cuidadores, facilita el derecho de comunicación entre miembros de una familia o cercanos afectivamente y amplía las alternativas de régimen económico en matrimonios y uniones de hecho. Además, ofrece soluciones legales para niñas y niños que, por migración o misiones en el exterior, viven solos con sus abuelas y abuelos.

Para su elaboración, desde julio de 2019 se constituyó un grupo de trabajo temporal con reconocidos expertos en estos temas que generó diferentes versiones del anteproyecto. Luego, el pasado marzo, el Consejo de Estado aprobó una comisión de diputados y diputadas encargada de dar continuidad a esta labor. Ahora, su versión 22 se consultará con instituciones especializadas y expertos en los campos que aborda.

En paralelo, las personas podrán revisarla en el sitio web del Ministerio de Justicia -junto a una Nota Introductoria y un Glosario de Términos que facilitan su interpretación- y emitir opiniones a través del correo familias@minjus.gob.cu.

“Este proceso no sustituye ni menoscaba la Consulta Popular que organizará la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP); es un paso adelantado para dar a conocer la norma, para comenzar con ese estudio y debate que tiene como protagonista al pueblo”, precisó Silvera Martínez.

En función de ello, la comisión encargada revisará todos los criterios -tanto los obtenidos en la consulta especializada, como los enviados por la población y los que surjan del debate en redes sociales- y elaborará una nueva versión, que se presentará ante la ANPP.

Con tiempos sujetos a cambios en función de las dinámicas marcadas por la situación epidemiológica, la Asamblea debatirá y aprobará el proyecto en su sesión de diciembre. Además, convocará un proceso de Consulta Popular que debe desarrollarse a través de reuniones a nivel comunitario y en centros de trabajos. A partir de las opiniones recogidas allí, un proyecto actualizado será nuevamente discutido y aprobado por la ANPP, que convocará finalmente al Referendo Popular.

De cara a este largo proceso de consulta y referendo, se ha diseñado una estrategia de comunicación y sensibilización que acerque a la gente los mensajes y conceptos establecidos en la normativa. Incluirá publicaciones de expertos en la prensa, un programa especializado que tomará el pulso al debate y aclarará las principales dudas, entre otras acciones.

El principal desafío, insistió el Ministro de Justicia, es lograr que la población comprenda el Código y lo haga suyo, lo asuma en la diversidad e integralidad que implica, como parte de un proceso genuinamente democrático.

Con información de Cubadebate

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