En cumplimiento del reciente dictamen de la Corte Suprema de Estado Unidos, el presidente Donald Trump firmó el 20 de febrero de 2026 una nueva orden ejecutiva, dada a conocer hoy en el sitio de la Casa Blanca, con la que puso fin a los extraterritoriales aranceles globales que había impuesto en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
La orden ejecutiva establece que las tarifas dejarán de estar vigentes y, tan pronto como sea factible, dejarán de ser cobradas.
La medida se refiere a los aranceles establecidos en varias órdenes ejecutivas entre 2025 y 2026, que incluían disposiciones contra países como China, Venezuela, Brasil, Rusia e Irán, entre otros. Dichos aranceles fueron impuestos como respuesta a lo que Washington calificó de “amenazas inusuales y extraordinarias” para la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos.
También da marcha atrás a la imposición de aranceles proporcionales a quiénes vendan petróleo a Cuba. Sin embargo, no modifica la arbitraria declaración a nuestro país como una amenaza para la Seguridad Nacional estadounidense, y por tanto mantuvo el estado de emergencia decretado. De modo, que permanece la disposición de imponer otro tipo de medidas en virtud de la orden ejecutiva 14 mil 380 del 29 de enero.
Al mantenerse la mencionada declaratoria de emergencia, Washington continúa ejerciendo presión sobre terceros y limitando la capacidad del gobierno cubano para comerciar con otras naciones. Igualmente, quedan vigentes medidas coercitivas unilaterales como parte del Memorando Presidencial 5, así como aquellas derivadas de la inclusión de Cuba en la lista de países que, según criterio de la Casa Blanca patrocinan el terrorismo, entre otros procedimientos relacionados con el bloqueo, como la ley Helms Burton.
El documento dispone que los jefes de cada departamento y agencia ejecutiva deberán tomar medidas inmediatas para poner fin a la recaudación de los aranceles adicionales. Asimismo, el Secretario de Comercio, el Secretario de Seguridad Nacional y el Representante Comercial de Estados Unidos, en consulta con otras autoridades, podrán modificar el Arancel de Aduanas Armonizado para dar cumplimiento a la orden.
El texto aclara que la orden no crea derechos o beneficios exigibles contra el gobierno estadounidense y que su implementación estará sujeta a la legislación vigente y a la disponibilidad de recursos.