Comunicado
La República Bolivariana de Venezuela, a través de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), denuncia ante el pueblo venezolano y la comunidad internacional el ataque criminal perpetrado contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), como parte de una maniobra planificada que derivó en el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores.
Este hecho constituye una agresión directa contra la soberanía nacional y un atentado contra la estabilidad institucional y la vida cotidiana de los venezolanos.
El ataque afectó gravemente las subestaciones Panamericana 69 Kv y Escuela Militar 4.8 kV, dejando fuera de servicio las líneas OAM-Vega Caricuao-Panamericana 1 y 2 69 kV, y Junquito-Panamericana 1 y 2 69 KV.
Gracias al despliegue inmediato, comprometido y profundamente leal de nuestros trabajadores, se logró la recuperación de las infraestructuras eléctricas Granada, Caricuao, Paraíso, Pinar y Candilito, mientras continúan las labores de restablecimiento en Rincón, Escuela Militar, Chaguaramo, Santa Mónica, Colinas de Santa Mónica, Coche y Metro La Paz.
A esta hora, la afectación persiste en los sectores Los Rosales y Prado de María, Cementerio General del Sur, Los Carmenes, Los Castaños, Colinas de Las Acacias, Los Rosales, Gran Colombia, Las Luces, Los Próceres, Santa Mónica, Ciudad Universitaria, Colina de Los Chaguaramos, Los Chaguaramos, Valle Abajo, Fuerte Tina, Cumbres de Curumo, Colinas de Bello Monte, Colinas de Santa Mónica y San Agustín del Sur.
Asimismo, las urbanizaciones Coracrevi, La Rinconada, Carlos Delgado Chalbaud, Veredas de Coche, Alberto Ravell, Longaray, Los Jardines del Valle, Mariscal de Ayacucho, Radio Valle, San Andrés II, San Antonio y San Pedro; y los sectores populares Las Mayas, Cochecito, Nuevo Vegas, Bruzual, Canicito, Las Malvinas, Los Cardones, San Andrés, Vista Alegre, Cerro Grande, Zamora, El Calvario.
De conformidad con los Convenios de Ginebra y su Protocolo Adicional I, así como la Carta de las Naciones Unidas, esta agresión constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario, al privar de manera intencional a la población de servicios esenciales.
La República Bolivariana de Venezuela no se doblegará ante las maniobras criminales que buscan someter al pueblo; y con la fuerza de la verdad, el espíritu de resistencia y la unidad inquebrantable, seguiremos defendiendo el derecho sagrado de nuestro pueblo a vivir en paz.
Caracas, 04 de enero de 2026
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