Por Leydis Luisa Mitjans
La Asamblea General de Naciones Unidas designó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas, para concienciar sobre lo que reconoce como un crimen transnacional. La fecha busca visibilizar la situación de las víctimas y promover la protección de sus derechos humanos, además de movilizar a gobiernos y sociedades en general hacia acciones coordinadas para enfrentar una realidad que afecta a millones de personas.
Bajo el lema de este año: La trata de personas es crimen organizado – Pongamos fin a la explotación, la comunidad internacional coloca el foco, una vez más, en que las personas afectadas no son casos aislados ni responsabilidades individuales, sino que existe todo una estructura que genera ganancias millonarias a través de prácticas que parecen perfeccionarse cada año.
«La trata de niños y niñas y con fines de trabajo forzoso, así como la criminalidad forzada, están aumentando a medida que la pobreza, los conflictos y el cambio climático dejan a más personas vulnerables a la explotación». Así lo reflejó el Informe Mundial sobre Trata de Personas 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El documento concluyó, también, que las mujeres y las niñas representan la mayoría de las víctimas detectadas en todo el mundo.
Formas de explotación
De acuerdo con el marco jurídico clave que obliga a los Estados a criminalizarla, la trata de personas se define como «la captación, el transporte, el traslado (nacional o internacional), la acogida o recepción de personas, utilizando la amenaza, la fuerza, el engaño u otras formas de coacción, con fines de explotación».Protocolo de Palermo
Ello no se limita a explotación sexual: incluye matrimonios forzados, reclutamiento infantil para conflictos o extracción ilegal de órganos y explotación laboral en cadenas de suministro globales. La ONU documenta, por ejemplo, casos de víctimas engañadas con falsas ofertas laborales y luego retenidas con deudas impagas.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU monitorea el cumplimiento de tratados internacionales y otros mecanismos, que se complementan con programas de capacitación para jueces y fuerzas policiales. Sin embargo, el organismo internacional reconoce que los avances son desiguales entre regiones y que la pobreza extrema emerge como el principal factor de vulnerabilidad.
Esta realidad exige acciones coordinadas entre Estados, entidades internacionales y sociedad civil para afrontar las causas estructurales, puesto que, sin un enfoque integral que garantice derechos básicos —alimentación, salud y trabajo digno— los avances jurídicos serán insuficientes.
Como advierte la ONU: «La trata es un reflejo de nuestras fallas sistémicas; combatirla requiere transformar la indiferencia en corresponsabilidad global».
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