Se ha publicado recientemente en la Gaceta Oficial de la República la resolución 128 de 2020 del Ministerio de Finanzas y Precios con “nuevas normas para potenciar el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación y el crecimiento económico del país” (sic). Se autorizan así procedimientos financieros, contables y de precios para organizar el sistema de actividades autofinanciadas en el sector presupuestado, partiendo del principio de que dichas actividades financien sus gastos con sus propios ingresos sin afectación presupuestaria.
La nueva resolución autoriza a las unidades presupuestadas que realizan actividades de ciencia, tecnología e innovación a tener cuentas bancarias en moneda nacional que permitan cobros y pagos a precios establecidos por mutuo acuerdo para cubrir este tipo de actividades. Este es el caso de las universidades y centros de investigación presupuestados que llevan la inmensa mayoría de las actividades de ciencia y desarrollo de nuestro país. Una virtud evidente del documento es su simplicidad sin anticipar regulaciones innecesarias a una actividad financiera que comienza y requiere de acumular experiencias para perfeccionarse.
Muchos especialistas consideran que se trata una acción que puede marcar un antes y un después en el desarrollo de Cuba con la ciencia, la tecnología y la innovación. Es un producto de las recomendaciones de la Academia de Ciencias de Cuba y algunos consejos científicos y asesores del estado cubano.
Como se conoce, en las normas establecidas desde hace muchos años para las unidades presupuestadas en el estado cubano no se contemplaba transacción financiera alguna que no fuera la de recibir los fondos del estado central y pagar los adeudos, servicios y consumos con tales fondos. Se excluía así cualquier posible relación contractual entre la unidad presupuestada que prestara un servicio o vendiera un producto y una entidad externa que pudiera pagar por ello para que esos ingresos se usaran en bien de los intereses de la entidad presupuestada sin fines de lucro.
En la práctica de las universidades y otros centros científicos cubanos se traducía en que un servicio científico, investigación conjunta, colaboración, y cualquier otra actividad de apoyo especializado que se prestara a una empresa o entidad externa de cualquier tipo podía ser pagada, pero los fondos se ingresaban en el presupuesto estatal sin modificación alguna de la solvencia de la entidad presupuestada. Esto solo se estaba logrando desde los años 90 en el caso de la gestión en moneda libremente convertible con cuentas centrales en el ministerio al cual está adscrita la unidad presupuestada.
Se informa que ya algunas entidades como la Universidad de La Habana, que cubre actualmente cerca de la tercera parte de todos los premios anuales de la Academia de Ciencias de Cuba con los resultados de sus investigaciones, tiene la cuenta bancaria y se apresta a dinamizar los procesos correspondientes con esta nueva modalidad financiera. Algo parecido se desarrolla en las demás universidades cubanas, presentes en todo el país y en muchos municipios, lo que puede significar un impulso formidable a las relaciones de nuestra ciencia con las actividades económicas que crean valor en beneficio de la sociedad no solo en la capital sino en todo el país.